COMAP: Proyectos de inversión 2024 y ajustes al régimen fiscal
En 2024, la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP), organismo técnico del Ministerio de Economía, recomendó al Poder Ejecutivo aprobar proyectos de inversión por 1.948 millones de dólares, un 64,5% más que en 2023. También aumentó la cantidad de proyectos: de 1.171 a 1.517, un crecimiento del 29,5%.
Este aumento se enmarca en el régimen de la Ley de Promoción de Inversiones, que permite a las empresas acceder a exoneraciones fiscales (IRAE, Patrimonio, IVA e impuestos a la importación) si cumplen con objetivos considerados prioritarios por el Estado: generación de empleo, tecnologías limpias, incremento de exportaciones, descentralización territorial o inversión en investigación y desarrollo, entre otros. La COMAP evalúa si los proyectos cumplen con estos criterios y recomienda su aprobación. En los hechos, esas recomendaciones casi siempre se traducen en beneficios fiscales.
Aunque la cantidad de proyectos creció, la distribución de los montos promovidos es desigual. El 98% de las iniciativas fueron menores a 10 millones de dólares, pero solo concentraron el 56% del total exonerado. En cambio, un 2% de los proyectos concentró el 44% del monto, lo que refleja una fuerte concentración en grandes inversiones.
Parte de este salto puede explicarse por un adelantamiento de proyectos, motivado por la expectativa de cambios si el Frente Amplio asumía el gobierno, como finalmente ocurrió.
Actualmente, el Ministerio de Economía ya trabaja en ajustes al régimen. Según el ministro Gabriel Oddone, el objetivo no es reducir el monto total de exoneraciones, sino redirigirlas hacia sectores que realmente lo necesitan. En otras palabras: focalizar mejor los beneficios y evitar distorsiones, como la exoneración de compras que no aportan valor estratégico (por ejemplo, vehículos de alta gama). Oddone adelantó que los cambios propuestos se presentarán a fines de agosto, como parte de la ley de Presupuesto.
Este régimen afecta tanto a empresas que invierten, como al Estado que deja de recaudar, y a la sociedad en su conjunto, que espera que esa renuncia fiscal se traduzca en más empleo, más innovación y más desarrollo.
Si los cambios se implementan, algunas empresas podrían tener más dificultad para acceder a beneficios, mientras que otras podrían verse especialmente incentivadas a invertir si sus actividades están en los sectores “priorizados”.
SOFIA KATZENSTEIN