Flexibilidad con posibles riesgos: cambios en la regla fiscal
El proyecto de ley del Presupuesto trajo cambios en la regla fiscal. Aunque parezca un tema técnico, afecta directamente a cómo el Estado administra el dinero público y a la sostenibilidad de la deuda en los próximos años.
La regla fiscal es un conjunto de límites que el gobierno se autoimpone para no gastar de más en los buenos tiempos y no dejarles a los gobiernos siguientes la tarea de ajustar en los malos.
En Uruguay se estableció en la LUC con tres topes principales:
Deuda/PIB: mide la deuda del Estado en proporción al tamaño de toda la economía. Es como comparar lo que debe una familia con lo que gana en un año. Si la deuda crece demasiado frente al PIB, se vuelve más difícil de pagar y peligra la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Crecimiento del gasto primario: son los gastos de funcionamiento e inversión del Estado (sin contar los intereses de la deuda). La regla decía que no podían crecer más rápido que la economía. El sentido era claro: si el gasto aumenta más que los ingresos del país, se genera déficit.
Resultado fiscal estructural: el déficit (cuando se gasta más de lo que entra, resultado fiscal négativo) termina agrandando la deuda. Este tope busca ver si el Estado gasta más de lo que puede sostener, descontando ingresos excepcionales o “vientos de cola”.
El nuevo presupuesto cambia esta arquitectura. Se introduce la idea de “deuda prudente”, con un ancla de 65% del PIB como nivel máximo seguro y 85% como punto de alarma. Así surge la “regla dual”: desaparece el tope al crecimiento del gasto y solo las metas de resultado estructural deben ser consistentes con esa deuda prudente. El argumento oficial es que, si esas metas se cumplen, la deuda será sostenible. Técnicamente es cierto, pero también cambia la señal: el ajuste se apoya más en nuevos ingresos que en recortar gastos.
Aquí entra en juego el Consejo Fiscal Asesor (CFA), un órgano técnico, independiente y honorario creado por ley para dar transparencia y velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas. En su último informe valoró los cambios propuestos, pero advirtió sobre varios riesgos:
Los ingresos adicionales previstos son inciertos, porque dependen de impuestos nuevos sin reglamentación clara.
La corrección fiscal se concentra en 2027-2029, sobre todo en el último año electoral, cuando suele aumentar la presión de gasto.
Al postergar el ajuste, la deuda seguiría subiendo: de 58% del PIB en 2024 a 63% en 2029, muy cerca del nivel prudente definido.
En definitiva, la nueva regla fiscal incorpora elementos positivos y da más flexibilidad, pero también abre interrogantes. El desafío será mostrar disciplina y credibilidad para asegurar que la deuda no se convierta en una carga futura difícil de sostener.
SOFIA KATZENSTEIN