Presupuesto 2025-2029: la hoja de ruta del gobierno
La semana pasada el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento el proyecto de ley de presupuesto. En pocas palabras, se trata de la agenda de trabajo y gestión para los próximos cinco años: allí se fijan prioridades, se trazan políticas públicas y se definen metas fiscales y económicas.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, en una conferencia de prensa la semana pasada, resumió las prioridades del gobierno en tres ejes:
Crecimiento económico e inversión
Reducción de la desigualdad a través del fortalecimiento de la protección social
Mejora de la seguridad pública
El presupuesto llega en un escenario desafiante, con un déficit fiscal del sector público de 4,6% del PIB en junio de este año, por lo que no hay margen para grandes aumentos de gasto. Por eso, el proyecto plantea un “programa de convergencia” con una corrección fiscal de 1,5 puntos del PIB, lo que se requiere, según analistas, para estabilizar la deuda pública y garantizar su sostenibilidad.
¿Cómo se lograría? Manteniendo el gasto en relación al PIB, con mejoras en eficiencia y algunos ajustes impositivos. El escenario de crecimiento previsto es de 2,4% anual promedio en el quinquenio.
Respecto al gasto, habrá gastos adicionales por unos USD 240 millones hacia el final del período. El 40% de los fondos adicionales será asignado a infancia y adolescencia, el 12% a seguridad, 12% a salud, 10% a la atención de la vulnerabilidad social, cerca del 10% a crecimiento económico y el resto a otros.
Además, se destinan unos USD 700 millones por año a infraestructura, entre las que se destacan: obras de agua (Casupá y nueva planta en Aguas Corrientes), dos centros de rehabilitación carcelaria, mejoras en hospitales (Pasteur y de la Costa) y proyectos viales.
Para financiar el plan, el gobierno apunta a dos frentes: mayor eficiencia en la asignación presupuestal y ajustes tributarios puntuales. Entre estos últimos, se incluyen cambios en la regla fiscal con un ancla en la deuda pública ubicada en el 65% del PIB, y la aplicación en Uruguay del impuesto mínimo global a multinacionales con ingresos superiores a USD 750 millones. No es un nuevo impuesto, sino que la recaudación quedará en Uruguay.
A su vez, se gravarán con el IRPF (Impuesto a la Renta de Personas Físicas) los incrementos de capital mobiliario e inmobiliario generados en el exterior (hoy tributan solo si se originan en Uruguay). Otro ajuste mencionado, son los cambios en el régimen de compras por internet: se aplicará IVA de 22% a envíos exprés bajo franquicia aduanera (excepto los provenientes de EE.UU.). Al mismo tiempo, se mantendrán las tres compras anuales, pero con un tope mayor: USD 800 en total, en lugar de tres por USD 200 cada una.
En suma, el presupuesto es ambicioso en sus metas sociales y de inversión, pero al mismo tiempo condicionado por la restricción fiscal. Ahora queda en manos del Parlamento su aprobación, y de allí saldrá la hoja de ruta que marcará los próximos cinco años.
SOFIA KATZENSTEIN